Número especial sobre Argentina

Editora invitada:

Marisa Duarte
Presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y directora de Realidad Económica

El sistema capitalista atraviesa una etapa en la que se conjugan procesos diversos: la transición del globalismo al multilateralismo con un progresivo crecimiento de la importancia económica del bloque Asia Pacífico; el reacomodamiento de las regiones en relación a los países centrales y la acentuación del carácter periférico y dependiente de numerosos países. Cada economía dependiente se ve afectada por el auge de la financiarización, del endeudamiento y del extractivismo que, en conjunto, constituyen un entramado de relaciones neocoloniales.

El extractivismo actual, históricamente caracterizado por la explotación de hidrocarburos, minería y producción agrícola extensiva se ha visto acrecentado por la conversión de bienes naturales en commodities exportables (tierras raras, litio, sales, agua) pone a los territorios (y al planeta) en los límites de su sustentabilidad.

Además, la utilización de tecnologías aplicadas a las finanzas que extreman la movilidad del capital en todas sus formas (físicas o virtuales, lícitas o ilícitas), posibilitan el ocultamiento de activos al fisco y facilitan la radicación off shore de los holdings, ocultan a los beneficiarios finales de los activos y llevan a un extremo debilitamiento de los Estados nación y su capacidad recaudatoria.

En distintos países del mundo desarrollado, emergente o subdesarrollado se verifica la irrupción de liderazgos disruptivos de carácter autoritario, ultraderechistas o fascistas como deriva de procesos democráticos previos caracterizados por las imposibilidades y las frustraciones económicas y políticas.

La Argentina se encuentra gobernada por un bloque de poder que presenta numerosas novedades y rupturas de políticas públicas e instituciones; pero también expresa la profundización de un proceso político traccionado por los actores financieros dominantes -locales y foráneos- convalidado electoralmente por los sectores populares; frente a la impotencia de las coaliciones políticas que históricamente resistieron a los sectores conservadores.

Tal como lo demuestran los textos que integran este número de Ola Financiera, el gobierno que encabeza Javier Milei lleva adelante un experimento macroeconómico y social basado en el sacrificio de la ciudadanía argentina en el altar de la libertad. En términos de Mariano Féliz “el gobierno de Milei encara un proyecto que radicaliza la desarticulación del Estado, acelera la estrategia neoextractivista (también integral al programa neodesarrollista) y a través de una nueva aceleración del endeudamiento externo (bajo la tutela del FMI) construye una restricción adicional a las posibilidades de éxito del capitalismo argentino”.

Ana Laura Fernández y Mariana González caracterizan el mercado laboral previo a la experiencia anarcocapitalista con el objetivo de poner en evidencia la escasa incidencia del salario en la restricción externa frente a la significación de los flujos financieros. En tanto que Cristian Vassin analiza el comportamiento del trabajo durante el primer año de gobierno de Javier Milei y concluye que “De no mejorar la actividad y la competitividad industrial difícilmente veamos una recuperación del empleo en el corto y mediano plazo, lo cual se va a ver recrudecido dado el debilitamiento de la condición del asalariado a través de las pérdidas en el terreno legal que afectaron a los trabajadores con la Ley de Bases que paradójicamente fue impulsada para aumentar la ocupación”.

El ascenso de Javier Milei al gobierno se dio en medio de una escalada inflacionaria previa que el nuevo gobierno retrajo; ahora bien, la explicación acerca de las causalidades del proceso inflacionario debe ponerse en cuestión. Según Valentín Álvarez et al.: “Los éxitos en materia de desinflación no se explican por el ajuste fiscal y la reducción de la oferta de dinero como sugiere la narrativa oficial […]. En cambio, los principales factores estabilizantes se encuentran en los elementos que esta visión identifica como complementarios: durante el primer semestre, la fijación del dólar oficial y los financieros posibilitada por la recesión y las regulaciones cambiarias; y, durante el segundo semestre, por la política de tasas de interés y el blanqueo de capitales”, quedando pendiente una solución estructural y sostenible al problema inflacionario.

El gobierno conjuga un gravísimo endeudamiento (interno y externo) con un consecuente plan de ajuste que agrava la desigualdad social, destruye el mercado laboral y los salarios junto con los derechos asociados a ellos. Las sucesivas reestructuraciones de deuda han dado lugar a un proceso de financiarización y especulación con fuga de capitales que repercute en desequilibrios del balance de pagos. María Emilia Val y Andrea Molinari muestran que “Entre 2003 y 2015 se impulsó una estrategia confrontativa con los acreedores, que buscó reducir el peso de la deuda y aumentar la autonomía del país, derivando en una dura disputa con los fondos buitre. Este episodio demostró que es posible generar abordajes novedosos desde países del Sur Global (si las condiciones lo permiten) y consensos entre los países en desarrollo, pero su resolución (en 2016) mostró que también pueden sentarse precedentes que mejoren la capacidad de presión de los holdouts”. En tanto, Gustavo García e Ignacio Juncos explican los mecanismos a través de los cuáles “el último ciclo de endeudamiento se alineó con las dinámicas de financiarización a nivel internacional y tuvo efectos adversos para el desarrollo económico”.

Asimismo, el peso de la deuda en dólares sobre los sucesivos presupuestos lleva a un aumento de la presión exportadora a costo de la desindustrialización y la pérdida de valor agregado generado en el país. Tal como aportan Cantamutto et al. “Se trata de un gobierno que lleva a su máxima expresión el “mandato exportador”, dado que la única manera de sostener el principal pilar de la política antiinflacionaria -la estabilidad cambiaria- y poder pagar la deuda externa es a través del aumento sostenido de las exportaciones basadas en ventajas comparativas estáticas, es decir, en recursos naturales. Ello representa un problema en términos de la estructura productiva y la estructura social que conlleva dicho mandato, así como por los pasivos ambientales que genera”.

En tanto Gabriel Sánchez indica que, aunque la “política monetaria ha logrado reducir de manera considerable el índice inflacionario argentino en estos últimos doce meses, los resultados positivos que ha logrado han sido paupérrimos comparados con el nivel de apalancamiento que ha solicitado y sigue solicitando a los principales bancos y organismos globales, y que indudablemente acabarán cobrando factura, tanto directa como indirectamente, hacia los bolsillos de todos los argentinos”.

Otro punto a mencionar, es el referido a la profundización de la regresividad de la estructura impositiva y el debilitamiento de las capacidades recaudatorias del fisco. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es una eliminación de tributos para las grandes empresas, muchas de ellas extranjeras; lo que hace que el peso de la tributación se recueste en el consumo. Como bien indica Verónica Grondona “Algunos de los sectores con un alto nivel de extranjerización favorecidos por el RIGI, ya gozan de beneficios tributarios, pese a que, por su carácter de recurso natural —estratégico en el caso del litio, petróleo, gas— éstos son redundantes, ya que el interés del inversor reside en el propio recurso. En casos como estos, el sector privado puede estar más interesado en obtener certeza a largo plazo respecto de su derecho a explotar el sector, así como una salida de capitales garantizada, antes que en una reducción impositiva. La garantía de la salida de capitales parecería ser, por lo tanto, de los beneficios otorgados por el RIGI, el que tiene mayor alineamiento con los objetivos de este. Considerando el resto de los beneficios tributarios otorgados, éste parecería ser el más claro resultado esperable del RIGI. Más aún es esperable que inversiones existentes se reconviertan para participar con proyectos en el RIGI sin inversiones adicionales, únicamente para poder gozar de este beneficio de salida de capitales y garantía de estabilidad institucional para la continuidad de esta”.

Estas políticas cierran el círculo que refuerza la recesión y la caída de los ingresos. Tal como expresa Andrés Musacchio “La pretendida estabilidad financiera depende de una profundización constante de las políticas de ajuste, mientras crece el malestar social y las tensiones políticas. El autoritarismo creciente del gobierno para contener las resistencias populares desnuda la paradoja central de este proyecto: su coherencia interna se construye sobre la destrucción sistemática de cualquier alternativa, un equilibrio tan frágil como socialmente insostenible”. O, como indican Alejandro Vanoli y Lucas Gobbo: “… sin un modelo productivo que genere divisas genuinas, cualquier esquema basado en endeudamiento externo y apertura comercial es insostenible. La experiencia argentina lo ha demostrado en reiteradas ocasiones: sin una estrategia que articule Estado, desarrollo e inclusión, los ciclos de atraso cambiario y déficit externo terminan, invariablemente, en crisis”.

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